Es preciso, a su juicio, “favorecer la proximidad vecinal, la rehabilitación de edificios, la movilidad peatonal y la reducción de las necesidades de desplazamiento a través del transporte”, sobre todo para las mujeres con discapacidad, pues dada la desigualdad económica que presentan, “no disponen tanto de vehículos propios, o sea que son más usuarias de transporte público, pero además, estamos seguras de que una buena accesibilidad y buenos recursos ayudaría a la no institucionalización de las personas, y eso también tiene mucho con ver con el género pues el 73% de personas institucionalizadas son mujeres”.

 

Finalmente, asevera la representante de la Fundación CERMI Mujeres, “sabemos a ciencia cierta que la confluencia de factores como el género y la discapacidad con la falta de accesibilidad convierte a las mujeres con discapacidad en una población con grave riesgo de sufrir algún tipo de maltrato, por eso reclamamos la plena accesibilidad a los recursos y protocolos de atención a las víctimas de violencia machista”.

 

El conversatorio, que modera José Manuel González Huesa, director de cermi.es y director general de Servimedia, contó con la participación grabada de Laura López Domínguez, diputada del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, quien comenzó explicando que había participado como ponente en la tramitación de la Ley de calidad de la arquitectura, aprobada por amplia mayoría y contaba con la inclusión de la perspectiva de género y social. 

 

Como introducción a sus palabras, explicaba la diputada López Domínguez que “las ciudades son reflejo de nuestras relaciones” y que “las sociedades se han construido en base a un sistema patriarcal que excluía y sometía a las mujeres”. Por eso, con la nueva normativa apuesta por unos entornos que se adapten a las personas, con todas sus diversidades, y que no sean las personas las que resulten etiquetadas, sino los entornos, en función de su adaptación a las personas.

 

Asegura que le ley de calidad de la arquitectura ha brindado la oportunidad de “convertir nuestras sociedades en más inclusivas, con más perspectiva de género y con más perspectiva social”, aunque reconoce que “es cierto que no hay mención explícita de la accesibilidad como valor supremo”, si bien, anuncia que “trabajaremos durante el desarrollo de la estrategia nacional de arquitectura para continuar asegurando que construimos la sociedad que todas merecemos: inclusiva, cohesionada y sostenible”. 

 

 

Por su parte, Paloma Gázquez Collado, diputada del Grupo Parlamentario Popular e ingeniera civil, afirma que hay más mujeres arquitectas que hombres y “cualquier mujer va a diseñar con perspectivas de género y no hace falta que ninguna ley les incite, está dentro de nosotras”. Explica que la actual evolución es positiva, “hacia una arquitectura accesible, integrada, compatible con cualquier género, edad y situación”. 

 

En ese sentido, el representante en el Senado del Grupo Parlamentario Nacionalista Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, entiende que “las edificaciones tendrían que estar al servicio de las personas”, pero teniendo en cuenta a la persona, “porque cada persona tenemos unas capacidades y unas posibilidades distintas y se trata de hacer una arquitectura que integre y que haga que la persona sea la protagonista del espacio... que responda a las necesidades de todos los ciudadanos y ciudadanos”. 

 

Los edificios han de tener en cuenta, también, las necesidades de cada género, y no pueden generar ni crear barreras, “y hoy nos encontramos con barreras incluso en edificios públicos”, denuncia Cleries i Gonzàlez, que finaliza afirmando que “si sabemos construir edificios que den oportunidades, también estaremos haciendo una sociedad de oportunidades”.

 

 

En una intervención más extensa, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Vicent Sarrià Morell explicaba que también había sido ponente de la Ley de calidad de la arquitectura y que se trata de una norma que “nace con la voluntad de establecer un marco global que ayude a garantizar la calidad de la arquitectura como bien de interés general, desde una visión multidisciplinar y que favorezca el acercamiento de ésta con la sociedad y con sus necesidades, que cada vez son más cambiantes”. 

 

La nueva ley, que ha contado con un “amplio proceso participativo y multidisciplinar y amplio consenso en la tramitación parlamentaria”, se enmarca en la agenda urbana española, en la agenda 2030, en la búsqueda de una mayor sostenibilidad social, económica y ambiental y forma parte también del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, apunta el diputado socialista. Su visión, explica, se dirige a una “edificación concebida como un elemento cambiante y con una pluralidad de usos y que se adapte a las necesidades de la persona”. 

 

Se trata de la primera ley de ámbito estatal de estas características, a pesar de que, en países cercanos, como Francia, cuentan con una norma parecida desde los años 70. En nuestro país, además de aprobarse en paralelo la ley de Fomento de la Rehabilitación, se incluyen dos instrumentos claves para el desarrollo de la Ley de calidad de la arquitectura: “Uno es la Casa de la arquitectura, con la función entre otras de acercar los valores de la arquitectura a la sociedad, y otro es el Consejo de calidad de la arquitectura, tanto como plataforma para el intercambio de conocimiento y participación multidisciplinar como de consulta y asesoramiento”, y en este sentido, destaca la relevancia de una vieja reivindicación del sector de la discapacidad en materia de asesoramiento para la eliminación de barreras. 

 

 

En cuanto a la necesidad de abordar la rehabilitación de edificios y eliminar las barreras actuales, Vicent Sarrià Morell explicaba que “uno de los debates en torno a la Ley de calidad era si había que incluir detalles estrictamente urbanísticos, pero se acordó que era una ley sobre edificación, no urbanismo, y no se puede entrar en el detalle de cuestiones más estrictamente urbanísticas de diseño del espacio público”. 

 

En ese sentido, afirmó: “La estrategia nacional de arquitectura creo que podrá entrar en algunos aspectos relacionados con el espacio público, pero no es el objeto de esta ley”. Además, entiende que la Ley de fomento de la rehabilitación se ocupa de ese aspecto, así como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que “establece unas líneas de inversión muy importantes dedicadas a la rehabilitación y que pueden facilitar en conjunto actuaciones en esa materia de una manera decidida”.

 

En definitiva, asegura que “la política de vivienda y el urbanismo en general necesitan de una mirada coral de todos sus usuarios y todos los sectores”, y “la perspectiva de género es un elemento clave en el nuevo urbanismo, un concepto que cada día más tenemos que incorporar todos, tanto de la arquitectura como del urbanismo”. Aunque entiende, además, que “la incorporación de la mujer a determinados ámbitos profesionales contribuye a ampliar el foco, estaría de todos implementar y desarrollar todo lo que favorezca la visión multigénero del espacio público y la vivienda“.